Junto a referentes de Unidad Ciudadana y La Corriente Nacional de la Militancia de toda la provincia, mantuvimos una reunión virtual que convocó a funcionarios provinciales, docentes de todos los niveles, organizaciones sociales, representantes gremiales, centros de estudiantes y clubes.

El legislador contestó las críticas a la actual gestión de seguridad de parte de los diputados del Frente Progresista Cívico y Social. Sostuvo que son “infundadas”, que no pudieron sostener sus argumentaciones con datos y que no se hacen cargo de que, durante su gestión, “Santa Fe se consolidó como la provincia más violenta del país”. “Los gritos en el recinto son menos estruendosos que el silencio sobre cómo se le pagó a los abogados que defendieron a los policías acusados de secuestrar y desaparecer a Franco Casco, y de quiénes eran los otros clientes de esos dos abogados, que eran funcionarios del Ministerio de Seguridad”.

El legislador presentó un proyecto de ley que busca regular la prescripción electrónica o digital para medicamentos. La propuesta apunta a facilitar y agilizar el trámite para los pacientes, y cuidar sus bolsillos, garantizando el acceso a la información de los tratamientos, marcas y precios de productos genéricos. “El objetivo es que cualquier paciente, sobre todo aquellos con afecciones crónicas, puedan comprar un medicamento recetado sin tener que ir permanentemente a un consultorio o un centro de salud, más aún en medio de una pandemia”, explicó.

El diputado mantuvo una reunión con referentes de distintas entidades, quienes mostraron su acompañamiento a la ley que busca reducir un 50% el Impuesto Inmobiliario Rural a los pequeños productores e incrementarlo a quienes sean propietarios de grandes extensiones.

Tras la declaración de la emergencia ambiental por parte del gobierno nacional, solicitó una reunión conjunta con legisladores y legisladoras de la vecina provincia. “Es un hecho muy grave y todos los poderes del Estado deben involucrarse”, afirmó. La iniciativa se aprobó sobre tablas.

El diputado respaldó la decisión del presidente, Alberto Fernández, de intervenir la empresa y enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para su expropiación. Además, sostuvo que debe investigarse la utilización de fondos públicos para sostener a una empresa que dejó de pagarle a sus trabajadores y a los productores de la región.

Distintas entidades y organizaciones vinculadas a la agricultura familiar apoyan la iniciativa del diputado, que reduce un 50% el Impuesto Inmobiliario a ese sector y establece aumentos para los propietarios de grandes extensiones rurales.

El Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, respaldó las leyes que impulsa el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, y recordó que fue uno de los artífices de aquel acuerdo que logró un amplio respaldo de todas las fuerzas políticas, entre ellas el Frente Progresista, que hoy cuenta con mayoría en la Cámara Baja. “No se puede discutir algo tan importante cuestionando nombres propios o anteponiendo problemas personales, porque esta no es una ley de un ministro o de un gobernador, sino una reforma que busca mejorar la respuesta del Estado”, expresó.

El proyecto de ley establece la desgravación del 50% del Impuesto Inmobiliario para las chacras mixtas y los agricultores familiares, mientras que propone un adicional para los propietarios de grandes extensiones rurales. La alícuota se incrementa de manera progresiva, según el tamaño del inmueble. Los fondos serán destinados al desarrollo agropecuario, fundamentalmente en pequeñas localidades. “No es justo que pague la misma alícuota alguien que tiene 300 hectáreas que alguien que tiene 10.000. Mucho menos en una provincia en la que el 60% de las tierras están en manos del 0,06% de la población”, expresó el legislador.